En el Día Mundial Contra la Pena de Muerte, algunas reflexiones sobre el Estado que mata
Eddie Abramovich
1. Las obsesiones privadas y las cuestiones públicas
Alguna de las veces en que me formularan, en medio de un debate sobre la pena de muerte, "qué haría usted si mataran a un hijo suyo...", recordé un escrito de Umberto Eco, Diálogo sobre la pena capital, de 1975, incluido en "La Estrategia de la Ilusión", y le respondí al provocador:
"Si mataran a alguien de mi familia probablemente sometería al perpetrador a toda suerte de tormentos, incluyendo torturar y matar a sus propios hijos ante su vista, antes de mutilarlo hasta que muera sumido en el dolor más horroroso: Luego me entregaría para que me juzguen, o quizás me suicidaría
"Lo que NO cometería sería la cobardía ni la miserabilidad de pedirle al ESTADO que mate por mí, que transforme mi odio en un homicidio planificado, premeditado y burocrático"
De eso se trata.
Jamás le pediría a todos los ciudadanos de mi país que se conviertan en verdugos colectivos por mi furia, o en vicarios de mi dolor. Porque los estados y las sociedades que los construyen no están para convertir las pasiones personales y las obsesiones privadas en políticas públicas, sino justo al revés, para producir el bien común y, mediante la expropiación de la violencia privada, restringir y regular la violencia pública solamente para el ejercicio de la legítima defensa. Como está claro que un reo juzgado, condenado y detenido no constituye una amenaza inminente, matarlo no es más que un ejercicio propagandístico de venganza.
Los Estados Unidos son un claro paradigma del fracaso disuasivo de la pena de muerte, porque su régimen federal permite a cada estado contar con un sistema penal diferente. Así, el mismo delito que es penado con prisión en un estado y con muerte en el estado vecino, tiene entre un 30 y un 50 por ciento más de ocurrencia en este último que en el que ha abolido la pena capital.
Si la pena muerte sirviera para algo más que para rendirle un sacrificio humano a la diosa Opinión Pública, si efectivamente tuviera función prevencional, en el estado de Texas ya no se cometerían delitos pasibles de esa pena. Sin embargo, la tasa no baja.
Luego, la discusión correcta es sobre política criminal y derechos humanos, no sobre subjetividad y dolores o rencores privados. Justamente, los partidarios de la pena de muerte - que lo hacen por propaganda, no porque confíen en su poder preventivo - siempre interpelan a su público del mismo modo, en todo el mundo "¿Qué haría usted si mataran o violaran a su hija?" Es una pregunta estúpida e innecesaria. Ningún estado le pregunta a sus ciudadanos, a la hora de resolver su deuda externa "¿Qué haría usted si le debiera a un banco más que su patrimonio?" Las respuestas llenarían de miedo a más de un político.
2. La doctrina del "error judicial", un argumento válido pero limitado
El argumento del error judicial lo utilzamos los abolicionistas de la pena de muerte como una parte de la campaña, pero desde el horizonte teleológico de la abolición. Es decir, el error judicial de matar a un inocente, condenado por una responsabilidad penal que no tiene, simplemente desaparecería si no existiera pena capital, que genera un error irreparable.
Pero además, los abolicionistas de la pena de muerte no solamente esgrimimos argumentos morales sino también jurídicos y criminológicos. El aspecto MÁS inmoral de la pena de muerte es su absoluta y demostrada inutilidad prevencional. Entonces se reduce a venganza, a sacrificio ritual laico, a expiación del odio colectivo a través de un emisario elegido para pagar nuestro dolor con el suyo. Justamente por eso es tan importante la proliferación de grupos contra la pena de muerte formados por familiares de las víctimas de delitos cometidos por los condenados. Experiencias como las de la Comunidad de San Egidio son valiosísimas.
Volvamos sobre el tema del error judicial. En las sociedades donde la pena de muerte o la administración de justicia en general es manejada por grupos religiosos integristas esta consideración no cabe, porque caben otras. Pero en las democracias, donde la pena capital surge de una ley aprobada por la mayoría de los representantes del pueblo, esto matriza una cultura de la peligrosidad y de la "eliminación" que precondiciona a jueces y jurados.
Por eso, la simple existencia de la muerte como pena en el código predispone a aplicarla con sesgos discriminatorios a pobres, negros, migrantes, la población que hoy llena los "death rows" en Texas, Florida,Alabama y, en menor medida, en el resto de los 34 que conservan esta herramienta legal en los EEUU. Dicho de otro modo, la pena de muerte es, en esos lugares, no solamente un recurso extremo, sino también una preferencia.
En cuanto los casos de mal absoluto, como el del noruego Breivik, no voy a insistir con el argumento moral - los derechos humanos son para todos los humanos, aún los peores - sino con el criminológico y político: Matar a Breivik sería darle la razón a su elitismo asesino, convertirlo en un mártir de la causa que intenta expresar. A menos que haya leído mal todos los libros, Breivik no le teme a la muerte, la desea. En cambio, a la ignominia de la cárcel y el aislamiento le debe temer, y mucho. Porque la muerte de él no mata a su "causa", la fortalece, mientras que el ostracismo del perpetrador la debilita.
La pena de muerte es un acto macabro de propaganda, una atrocidad que comete un grupo de técnicos y burócratas en nombre de todos. De todas las formas en que el estado mata - guerra, represión ilegal o uso de la fuerza letal justificada, negligencia - la pena de muerte es la más atroz, y eso es lo que importa, no la calidad del reo ni la índole del delito.
Si pensamos que el milanés Cesare Bonesana, Marqués de Beccaria, publicó
De los delitos y de las penas, piedra basal de la doctrina penal de la modernidad, en 1764, y que su lectura inspiró a Leopoldo de Habsburgo para reformar el Código Penal y abolir la pena de muerte, esta discusión debería ser anacrónica.
